-Piden PAN, MC y PRI evitar el uso de programas sociales con fines electorales
Francisca Santiaguez
Chilpancingo, Gro., 18 de noviembre de 2026.- Luego del reproche de la diputada del PAN, María Irene Montiel Servín, al secretario del Bienestar, Pablo André Gordillo Oliveros de que «el silencio no nos sirve», pidió evitar el uso de los programas sociales con fines electorales, petición a la que se sumaron las legisladores de MC y PRI.
Montiel Servín advirtió al secretario del Bienestar, que vigilará el uso de los programas sociales en el marco del proceso electoral, para evitar que se conviertan en propaganda partidista o instrumentos para obtener votos.
Durante la comparecencia del funcionario ante los diputados del Congreso local, como parte de la Glosa del Quinto Informe de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la legisladora cuestionó que en el informe de actividades se vinculen a los programas y apoyos sociales con los principios de la Cuarta Transformación, al considerar que esto confunde las acciones institucionales con las de un movimiento político.
Advirtió que condicionar la entrega de apoyos a cambio del voto constituye en un delito electoral que puede castigarse con penas de dos a nueve años de prisión, mientras que utilizar los programas sociales para posicionar a un partido o servidor público durante un proceso electoral puede alcanzar sanciones de cuatro a nueve años.
Advirtó que Acción Nacional vigilará los padrones, las fechas de incorporación de beneficiarios y los eventos de entrega, y denunciará cualquier irregularidad ante las autoridades electorales y la Fiscalía competente.
cuestionó que el informe de la Secretaría del Bienestar resumiera en apenas 11 páginas las actividades de 14 programas, mientras que de sus 39 páginas, 28 estuvieran dedicadas a información del DIF Guerrero.
También exigió aclarar el destino de los 730 millones de pesos mencionados en el documento, especificando cuánto se ejerció en cada programa, cuántos beneficiarios fueron atendidos y cuáles fueron los resultados de la aplicación de esos recursos.
“Si el DIF es parte de su informe, usted responde por él: cuánto de esos 730 millones fue a cada programa, a cuántas personas llegó y con qué resultado. Y si no lo es, entonces el informe de la Secretaría de Bienestar cabe en once páginas, y once páginas no alcanzan para rendir cuentas de catorce apartados”, señaló en su postura en la réplica.
Señaló en que el Congreso necesita respuestas y rendición de cuentas, no explicaciones evasivas. “Cualquiera de las dos respuestas nos sirve. Lo que no nos sirve es el silencio”.
Al llamado para evitar el uso electoral de los programas sociales también se sumaron las diputadas de Movimiento Ciudadano, Erika Lührs Cortés, y del PRI, Beatriz Vélez Núñez.










